LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD

La normalidad está llegando a España, pese a que cada Comunidad Autónoma pasa por una fase, como en el caso de Madrid y Barcelona, que acaban de pasar a la fase 2 mientras que otras pasarán el lunes a la fase 4. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto ley que «sentará las bases que regirán en la nueva normalidad», en el que, entre otras cosas, se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en en la vía pública, bajo sanciones de hasta 100 euros.

En primer lugar, el real decreto declara el Covid-19 como «enfermedad de declaración obligatoria urgente» y, por lo tanto, el deber de las comunidades autónomas de informar «cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública». Aún así, tendrán que seguir facilitando los datos de seguimiento y vigilancia epidemológica, así como su capacidad de asistencia.

Siempre que no se garantice la distancia interpersonal, la obligatoriedad del uso de mascarillas y de medidas de higiene seguirán vigentes en el periodo de la «nueva normalidad». Además, los entornos de trabajo y establecimientos comerciales, también tendrán que contar con ciertas medidas de prevención como la organización de turnos para evitar aglomeraciones.

En los aeropuertos gestionados por Aena, deberán contar con los recursos necesarios para «garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales«. Además, los operadores podrán ir adaptando la oferta de transporte según la evolución de la recuperación de la demanda, siempre y cuando aseguren las medidas sanitarias acordadas.

También establece la obligación de que, tanto los operadores de transporte terrestre como los de aéreo, que viajen por más de una provincia con asientos preasignados, guarden la información de cada pasajero «durante un mínimo de cuatro semanas», para que las autoridades sanitarias puedan tener acceso a ellos en caso de necesitar realizar un rastreo.

En cuanto a los alquileres, se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez.