PSOE Y PODEMOS RECHAZAN LA LEY ANTICORRUPCIÓN DE CIUDADANOS

El Partido Socialista y Unidas Podemos han rechazado el proyecto de ley anticorrupción presentado por el partido naranja que pretendía blindar a los denunciantes por corrupción y proponía medidas como la prohibición de los indultos a los políticos condenados por esos delitos. Los socialistas, Unidos Podemos y sus socios nacionalistas han rechazado la iniciativa del partido de Arrimadas, calificándola de «oportunista».

Esta ley de Ciudadanos planteaba reformas en leyes orgánicas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a los funcionarios o trabajadores del sector público que denuncien prácticas corruptas, prohibir los indultos para los condenados por corrupción o introducir nuevos tipos penales, como el enriquecimiento ilícito.

Las portavoces del PSOE y de Podemos han rechazado la propuesta por considerarla «desfasada«. Asimismo, han instado a Ciudadanos a apoyar la norma que han dicho que tiene previsto impulsar el Gobierno de Sánchez.

La proposición sólo ha tenido 159 votos a favor, los del PP, Vox, Ciudadanos y Más Madrid. Sin embargo, Edmundo Bal, portavoz adjunto del grupo naranja, el PP y PSOE bloquearon la norma con la excusa de que su objeto era demasiado amplio. Por este motivo, Ciudadanos había limitado aspectos que no eran nucleares de la propuesta y la había centrado en las medidas en las que los grandes partidos estaban de acuerdo.

Entre las novedades de la propuesta estaban la creación del Estatuto de Protección del Denunciantes y la introducción del delito de enriquecimiento ilícito. Como los políticos tienen que hacer una declaración de bienes y de actividades al comienzo de su actividad pública, Ciudadanos quería que fuera delito tener un nivel de gastos desmedido que no pudieran justificar, ya que sus ingresos son públicos y deben estar publicados gracias a la ley de transparencia.

La proposición de Ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción pretendía ser «un marco integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupción y para proteger a quienes la denuncian en aras del interés general», como explicaba el texto debatido ayer en el Pleno.

Beatriz Díaz del Pozo