LA «LEY TRANS» DIVIDE AL GOBIERNO DE COALICIÓN

La «ley trans» promovida por Irene Montero permite el cambio de sexo sin necesidad de informes médicos

La nueva ley transexual de Irene Montero provoca discrepancias tanto dentro como fuera del Consejo de Ministros, lo que hace pensar que su tramitación será un proceso largo ya que necesita el apoyo de todo el gobierno y los socios de Investidura. El borrador, que corre a cargo del ministerio de Igualdad está parado a la espera de informes de Justicia y Sanidad.

El borrador de la nueva ley que ha sembrado la polémica desde el minuto uno tiene como punto clave la libre determinación de género, lo que supone que cualquier persona podrá cambiar su género en el DNI sin informe médicos. Además, el borrador reconoce las identidades no binarias -las personas que no se identifican con ningún género- y la posibilidad de eliminar la mención al género en los documentos oficiales. La nueva ley también abre el acceso a trámites reproductivos a todas las personas gestantes, independientemente de su género. Además, la ley crea la figura del «defensor judicial», que será el encargado de hacer el cambio registral de los menores transexuales de entre 12 y 16 años en caso de que sus padres o representantes legales no estén de acuerdo..

Desde el PP ya se han posicionado en contra ya que no consideran necesario este proyecto, y otros grupos como Ciudadanos o PNV dudan si el texto mantiene todas las garantías jurídicas, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco mantienen la puerta abierta a estudiar el borrador para conseguir un consenso. Otros grupos como ERC o el partido de Iñigo Errejón han avanzado que apoyarán la ley, pero con enmiendas y están dispuestos a debatir su reforma. La ley no solo ha encontrado resistencia en el congreso, sino también dentro del propio feminismo, abanderado por feministas históricas cercanas al PSOE que defienden que cambios como el de la autodeterminación de género pueden provocar el «borrado de las mujeres». Fuentes del gobierno señalan que al borrador aún le queda un largo recorrido y que estará sujeto a examen por otros organismos y ministerios como justicia o sanidad.

Por Cristina Moreno