LA SUPUESTA CAJA B DE PODEMOS SEGURÁ SIENDO INVESTIGADA

Unidas Podemos en un acto electoral. EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que de desarchive la causa judicial contra Unidas Podemos y su supuesta Caja B. Los cargos de los que es acusada la formación morada es posible administración desleal para poder «operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse».

La Audiencia Provincial de Madrid investigará si la caja de solidaridad se usó para desviar fondos y así no rendir cuentas por dicho dinero transferido. La Audiencia estima que hay indicios suficientes de que la asociación #404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros a la supuesta Caja B de Unidas Podemos y que estos les transfirieron 30.000 euros en tres transacciones distintas de la caja de solidaridad. El auto por el que la Audiencia ha ordenado reabrir el caso sostiene además que los dirigentes y miembros de dicho asociación a la cual le fue transferida 30.000 euros son personas con cargos importantes dentro de la formación morada. También que parte de las personas que forman parte de dicha Asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros del partido político Podemos, algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido«.

La sospecha de la Audiencia Provincial de Madrid también se sustenta por la falta de información proporcionada por la propia formación política y por tanto «es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos«. Señalando el auto que no se puede archivar la causa por el gran número de incógnitas que aun hay abiertas como «el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores».

Esta orden de reapertura ha estado sujeta a los argumentos que el partido político de ultraderecha VOX y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege hicieron llegar al órgano judicial, cuando el juez Juan José Escalonilla sentenció en octubre de 2020 archivar el caso.

Mónica Giner González