PERÚ TRABAJA EN UNA LEY QUE IMPIDE EL USO DE REDES SOCIALES A MENORES DE 14 AÑOS

El pasado 3 de marzo se presentó un nuevo proyecto de ley en Perú relativo a la regulación del uso de redes sociales y la protección a la infancia. Uno de los puntos más polémicos de esta propuesta es la prohibición de acceso a todos los menores de 14 años. Si se incumple, las consecuencias pueden llegar a sanciones de 430.000 soles, lo que equivale a casi 100.000€. Además, los usuarios que difamen o difundan información ilícita, a través de perfiles falsos, podrían enfrentarse a penas de hasta siete años de prisión.

El encargado de presentar este proyecto de ley al Congreso de la República ha sido el congresista Luis Carlos Simeón, perteneciente al partido de Acción Popular. Defiende que las restricciones de acceso planteadas pretenden regular el uso indebido de medios tecnológicos en telecomunicaciones. Fundamenta su medida en el contexto de pandemia y confinamiento en el que el mundo ha quedado sumergido por el Covid-19, que ha provocado un aumento en el uso de redes sociales y un incremento de la exposición de menores a contenido en internet.

La ley, que modificaría el actual artículo 132 del código penal peruano, también perseguiría a aquellos usuarios que difundan bulos en las redes sociales o que compartan datos e imágenes que no respondan a la identidad de una persona real o que hayan sido publicadas sin el consentimiento previo de los sujetos que aparezcan en ellas.

Las medidas afectarían también al sector político, ya que difundir noticias falsas para atacar a un oponente político o comercial, así como publicar comentarios insultantes o amenazantes se podría convertir en delito si esta ley fuese aprobada.

Entre las distintas propuestas que conforman el proyecto de ley, se incluyen recomendaciones como «establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de contenidos ilícitos, ofensivos, abusivos o indeseables». También se indica que es deseable que se restrinja el acceso a un perfil concreto a aquellos usuarios que sean conocidos por el dueño de la cuenta en cuestión, para mantener la privacidad, evitar fraudes o suplantaciones de identidad.

Para controlar que las medidas puedan llegar a aprobarse, se contempla la creación de un organismo institucional dedicada específicamente a controlar el buen uso de las redes sociales. Sería la Comisión de Ciberseguridad, que incluiría a distintos ministerios como el de Justicia, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Comunicaciones.

María Gil Menéndez