LA UE CONTINÚA SU LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL

Se pone en marcha una iniciativa que llevaba madurándose 5 años, toda multinacional que facture por encima de 750 millones de euros tendrá obligación de informar de todo lo que afecte a su política fiscal.

Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo, formado por representantes de los países miembros de la UE, han llegado este martes al acuerdo que busca que las grandes multinacionales tributen de una forma justa en aquellos territorios donde operan, se busca un pacto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de fijar un mínimo global de impuesto de sociedades.

Las grandes empresas deberán desglosar las cantidades que pagan en cada territorio incluido en la “lista negra” de paraísos fiscales de la UE, es decir todos los que no cumplen los requisitos mínimos de transparencia fiscal, o en los que están en la denominada “lista gris” que son los que sin cumplir las normas, se han comprometido a hacerlo en un plazo de dos años.

No tendrán que informar sobre la tributación en países que no siendo paraísos fiscales no formen parte de la UE, este era un punto en el que ambas partes negociadoras no estaban de acuerdo, el Parlamento lo quería a nivel global pero al final se han seguido las preferencias del Consejo y esta obligación se circunscribe a actividades dentro de los Estados de la UE. La información que se les requerirá será sobre su actividad, número de empleados, beneficios o pérdidas antes de impuestos, cantidades abonadas en conceptos tributarios y ganancias obtenidas. Estos datos tendrán que ser también proporcionados por las empresas subsidiarias independientemente de su tamaño, se intenta evitar con esto que a través de ellas las grandes puedan evadir sus obligaciones fiscales. Los bancos también se verán afectados, a partir de ahora estarán obligados a presentar la información sobre dichas empresas, tanto las titulares como las subsidiarias.  

En este acuerdo se ha incluido una cláusula de salvaguarda que permite a las empresas tardar cinco años en presentar parte de la información. Además, el Parlamento podrá revisar el funcionamiento de la norma una vez transcurridos cuatro años del inicio de su aplicación.

En un comunicado el eurodiputado socialista español Ibán García del Blanco, responsable parlamentario y negociador de la legislación declaraba, “La ciudadanía tendrá la capacidad de conocer en tiempo real, de forma comprensible, accesible y gratuita, los datos básicos de las empresas que operan en la UE y facturan más de 750 millones de euros. Nos habría gustado que el Consejo se comprometiera con una mayor transparencia, pero hemos logrado desbloquear el acuerdo y acercar nuestras posiciones sobre la obligación de informar, el acceso a la información, la duración de la cláusula de salvaguardia y los términos de la cláusula de revisión, entre otras cuestiones«. Con este acuerdo la UE pretende evitar nuevos escándalos como LuxLeaks o los Papeles de Panamá.

Victoria Mohedano Arroyo