EL PERTE SUPONDRÁ UN IMPACTO ECONÓMICO DE 3.000 MILLONES DE EUROS Y CREARÁ 16.000 EMPLEOS

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), el sector agroalimentario obtendrá una inversión pública de aproximadamente 1.000 millones de euros hasta 2023. Con dichos fondos se pretende lograr un impacto en la economía de 3.000 millones de euros, y la creación de 16.000 puestos de trabajo, mejorar la competitividad, favorecer a la sostenibilidad y a la seguridad del sector.

Es interesante mencionar que la fecha para dar comienzo a este PERTE coincide con las elecciones autonómicas de Castilla y León, una comunidad claramente rural y ligada al campo. Además, de surgir dicho PERTE tras la polémica causada por Alberto Garzón, ministro de Consumo, y las macrogranjas.

Por otro lado, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha asegurado que este proyecto se debe considerar como un plan estratégico junto con la PAC (Política Agraria Común) o los seguros agrarios, entre otros. En general, el sector primario supone un 10% del PIB, y está integrado por un 96% de pymes.

Desde la oposición, Milagros Marcos, diputada del PP, ha declarado que “este plan estratégico supone una afrenta y un insulto al sector agroalimentario”, ya que apenas 150 millones serán ayudas directas al sector, y el resto son créditos que existen gracias a la PAC y son avalados por el resto de las Comunidades Autónomas.

No obstante, desde el Gobierno central aseguran que “el PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.”