LA NUEVA LEY DEL ABORTO PERMITIRÍA INTERRUMPOIR EL EMBARAZO A PARTIR DE LOS 16 AÑOS SIN PERMISO DE LOS PADRES

La ministra de Igualdad, Irene Montero. Moncloa

Las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, las reglas dolorosas y las interrupciones voluntarias del embarazo tendrán bajas laborales de tres días ampliables a cinco, habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y los centros educativos tendrán que ofrecer, de forma gratuita, los productos necesarios para la menstruación.

Estas son algunas de las cuestiones del borrador de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros. Ese documento no es definitivo. Fuentes gubernamentales aseguran que el documento no ha sido consensuado dentro del Ejecutivo, por lo que estará sujeto a cambios hasta ese día.

«Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo».

Irene Montero, ministra de Igualdad

Puede ocurrir sobre todo en aspectos como la fiscalidad de los productos de higiene femenina o las bajas de tres días por menstruaciones incapacitantes o aborto, cuestiones ambas dentro del documento, ya que necesitan el concurso de otros ministerios, como el de Hacienda o Sanidad. La ministra de este último ámbito, Carolina Darias, preguntada este miércoles por el borrador, ha afirmado que no se pronunciará hasta que no sea definitivo.

Entre las cuestiones más novedosas de ese texto está, por un lado, ese permiso retribuido o periodos de descanso a partir de la semana 36. Y por otro, la inclusión en una normativa de la salud menstrual. Los tres días por reglas dolorosas o aborto, que serán ampliables a cinco y estarán bajo supervisión y control médico; la obligación de suministrar de forma gratuita los productos necesarios para la regla se extiende a los centros educativos, los penitenciarios y todos aquellos destinados a la atención de mujeres en riesgo de exclusión social.