EL GOBIERNO APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con la que amplían los derechos de las personas consumidoras y se mejoran los plazos de consulta y resolución de incidencias en sus relaciones de consumo. La norma busca, entre otras cosas, limitar a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y posventa y resolver las reclamaciones en un máximo de 15 días.

Se trata de una ley que tiene «una gran incidencia en la vida cotidiana» de los ciudadanos de este país, tal y como ha señalado en rueda de prensa el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha aludido también a su carácter general, ya que «va a beneficiar a todo el conjunto de la población» en materia de consumo.

Esta reducción de tiempos también beneficiará a las personas afectadas por incidencias en servicios básicos de continuidad como la luz, el agua o el gas. La normativa comienza su periodo de tramitación como proyecto de Ley en las Cortes Generales y, cuando entre en vigor, las empresas de estos sectores deberán informar del motivo del problema y dar un tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas.

Además, las personas afectadas podrán solicitar indemnizaciones o descuentos en factura que resulten de aplicación, como ocurre en el sector de las telecomunicaciones o el de la electricidad.

El pasado 16 de noviembre ya se dio el visto bueno a la redacción del anteproyecto y este martes llega al Consejo de Ministros en «segunda vuelta», según ha indicado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Para este y otros trámites, las empresas que ofrecen servicios de carácter básico e interés general tendrán que ofrecer un canal de atención gratuito a la clientela las 24 horas del día durante los 365 días del año, cuando se trate de incidencias relacionadas con el suministro del servicio, y no podrán derivar las llamadas a teléfonos de pago.