LA OPOSICIÓN ESTUDIA LLEVAR AL CONSTITUCIONAL EL DECRETO QUE IGNORA LA OBLIGACIÓN DEL 25% DE CASTELLANO EN LAS AULAS

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. RTVE

Los principales partidos de la oposición se movilizan ante la inacción del Gobierno. El PP, Vox y Ciudadanos (Cs) asisten perplejos a la maniobra del Ejecutivo autonómico catalán para sortear el cumplimiendo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que impone que al menos un veinticinco por ciento de las clases en los colegios se impartan en castellano.

PP y Cs están en conversaciones para recurrir al órgano de garantías el decreto ley aprobado este lunes por el Govern de la Generalitat, a la par que Vox exige ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Desde Rotterdam (Países Bajos), donde participa en el congreso del Partido Popular Europeo, Alberto Núñez Feijóo ha explicado que ya ha trasladado a Ciudadanos que cuente con su formación política si quiere para presentar un recurso de inconstitucionalidad, ante el movimiento del Gobierno catalán para esquivar la sentencia.

«Me sorprende que el Gobierno central y el Ministerio de Educación miren hacia otro lado y digan a los jueces que son los responsables de que se cumplan las leyes educativas en la comunidad catalana […] va a proteger los derechos de los niños y las niñas y las familias catalanas a conocer, a usar una de las lenguas cooficiales en la comunidad que es el castellano».

Líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó.

En Cs han encajado con satisfacción las palabras de Núñez Feijóo. Minutos antes de su comparecencia en Rotterdam, el portavoz de los liberales, Edmundo Bal, ofrecía una rueda de prensa en el Congreso, donde ha desvelado que su partido le había pedido a los populares que registren conjuntamente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno autonómico catalán. Cs, con solo nueve diputados, no puede acudir solo al Constitucional, por lo que necesitaba de esa alianza con el PP.

Vox, aun así, ha planteado este martes directamente que el Ejecutivo active el mecanismo del artículo 155, para activar ese precepto constitucional, requiera a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia y, en caso de que esta mantenga el decreto ley para esquivarla, solicite autorización al Senado para intervenir la competencia de educación.